La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del Gobierno de Oaxaca llevó a cabo este lunes un operativo para desarmar a la policía municipal de Juchitán de Zaragoza. El procedimiento incluyó una lista de asistencia y una revista exhaustiva de armamento, con el apoyo de la Guardia Nacional que acordonó varias cuadras alrededor del cuartel. La medida se dio bajo el argumento de que el municipio carece actualmente de presidente y de la estructura jurídica necesaria para custodiar el equipo táctico. Según la SSPyPC, el operativo no encontró irregularidades en la revisión, pero sí se procedió al retiro de armas para su resguardo.
Durante la inspección se incautaron 28 armas largas, 27 armas cortas y 2,029 cartuchos de distintos calibres, que fueron trasladados al Depósito General de Armamento en San Bartolo Coyotepec. El depósito, ubicado en el Cuartel General de la Policía Estatal, será el responsable de custodiar el material bajo protocolos de seguridad estrictos. La Fiscalía General del Estado, que también participó, confirmó que no se detectaron faltantes ni uso indebido de las armas durante el pase de lista.
El operativo tiene antecedentes recientes que explican la decisión del gobierno estatal. En junio de 2025, una redada en Juchitán resultó en la detención del director del C2 y dos policías municipales, hallándose armas de calibre exclusivo del ejército sin registro ni autorización. Además, se decomisaron armas “hechizas”, lo que generó sospechas de posible infiltración del crimen organizado en la corporación local. Estas situaciones motivaron a las autoridades a reforzar el control y prevenir futuros desvíos de material bélico.
La ausencia de un presidente municipal agrava la vulnerabilidad institucional, pues sin una autoridad local clara es más difícil garantizar la rendición de cuentas y la supervisión del uso de armamento. Por ello, la SSPyPC calificó la acción como preventiva, orientada a evitar que el equipo caiga en manos indebidas mientras se restablece la administración municipal. La medida también busca enviar un mensaje de firmeza a grupos delictivos que podrían intentar aprovechar la coyuntura política.
Las autoridades locales y estatales han reiterado su compromiso de regular el uso de armas por parte de cuerpos de seguridad, señalando que el control estricto del armamento es esencial para la seguridad ciudadana. Mientras tanto, la comunidad de Juchitán observa con atención los pasos que dará el Ayuntamiento para reactivar su gobierno y restablecer la confianza en sus fuerzas de seguridad.
Este hecho subraya la compleja relación entre la seguridad pública y la gobernanza en regiones donde la violencia y la falta de liderazgo pueden converger, y plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para mantener el orden sin comprometer derechos y procedimientos legales.
Fuente: Eluniversal