La Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció este viernes la desclasificación de la declaración patrimonial del almirante José Rafael Ojeda Durán, quien fuera secretario de Marina durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La medida responde a una solicitud de la Unidad de Transparencia de la Marina, presentada el 16 de septiembre, y a la aprobación del Comité de Transparencia de la Secretaría, que autoriza hacer pública la información reservada de 69 militares en activo y nueve exfuncionarios, entre ellos Ojeda.
Hasta ahora, la declaración del almirante estaba bajo reserva hasta 2030 por considerarse sensible por motivos de seguridad nacional. La decisión de mantenerla clasificada se basó en una normativa interna que, según la Marina, buscaba evitar riesgos para la defensa y la seguridad pública. Sin embargo, la presión de medios como El Universal y la creciente exigencia ciudadana de rendir cuentas impulsaron la revisión del caso.
Con la publicación, los datos patrimoniales de Ojeda ya están disponibles en la plataforma Declaranet, donde cualquier ciudadano puede consultarlos. La Secretaría enfatizó que este paso fortalece la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, alineándose con los principios de acceso a la información y participación ciudadana que rige la política anticorrupción del gobierno actual.
El almirante Ojeda, quien dirigió la Secretaría de Marina entre 2018 y 2024, había sido objeto de controversias por su remuneración y supuestos beneficios. Según reportes, su sueldo mensual rondaba los 150 mil pesos, lo que generó críticas sobre el uso de recursos públicos. No obstante, expertos en finanzas públicas señalaron que la divulgación de su patrimonio no implica necesariamente un daño al Estado, siempre que se cumpla con la normativa vigente.
La decisión también abre la puerta a revisiones de otras declaraciones reservadas. En enero del año pasado, la Marina había decidido proteger la información patrimonial de más de 2,000 elementos navales que se dieron de baja al concluir el sexenio de López Obrador, argumentando que su difusión podría comprometer la seguridad nacional. Ahora, la autoridad anticorrupción evalúa caso por caso, equilibrando la necesidad de seguridad con la demanda de mayor claridad.
Analistas políticos consideran que la desclasificación es un paso simbólico que refuerza la imagen de un gobierno que busca mayor apertura, aunque también advierten que la verdadera prueba será la aplicación de mecanismos de control y sanción en caso de irregularidades detectadas. La sociedad civil seguirá vigilando el uso de estos recursos y la transparencia de los funcionarios que ocupan cargos estratégicos.
Fuente: Eluniversal