Desde que el Ayuntamiento de Madrid inició en enero de 2025 la obra de soterramiento de la A‑5, la mirada pública ha vuelto a los gigantescos proyectos que transformaron la capital, como Madrid Río y el túnel de la M‑30. Sin embargo, una investigación de El Mundo revela que la infraestructura subterránea que se celebró como un hito urbano está al borde del deterioro y requeriría una inversión de 400 millones de euros para garantizar su seguridad.
El informe, elaborado en 2021 por la consultora LRA, quedó archivado durante cinco años sin que el consistorio tomara medidas. Según Tomás Ripa, director de LRA e ingeniero de caminos, esa cifra es necesaria para cumplir con la vida útil estándar de 100 años que se espera de este tipo de obras. Si se cerraran los túneles para ejecutar reparaciones mayores, el costo se reduciría a 200 millones, pero el Ayuntamiento considera inviable bloquear una de las principales arterias de la ciudad, lo que duplica el gasto estimado.
Los datos del estudio son alarmantes: el 20 % de los tramos presentan deficiencias graves, el 14 % tienen problemas de nivel medio y el 6 % sufren daños críticos. En los accesos y zonas de emergencia, las deficiencias medias alcanzan el 25 % y las graves el 4 %. Estas fallas comprometen la resistencia estructural, agravada por filtraciones de agua que erosionan los cimientos, un problema atribuido tanto al diseño como a la ejecución original.
El Ayuntamiento reconoce que no ha realizado inversiones extraordinarias en el mantenimiento de los túneles. Desde 2016 mantiene una disputa con Emesa, empresa encargada del mantenimiento, acusándola de incumplir sus obligaciones. En 2023 la administración municipal adquirió el 20 % restante de la UTE Calle 30, convirtiéndola en una entidad completamente pública, pero los problemas estructurales persisten.
Consultoras como Getinsa‑Euroestudios corroboran la falta de un plan de mantenimiento estructural claro y eficaz hasta 2020. La ausencia de directrices operativas ha dejado a la M‑30 sin una hoja de ruta para reparaciones preventivas, lo que aumenta el riesgo de fallas mayores en el futuro cercano.
La obra de soterramiento de la M‑30, que liberó 120 hectáreas y generó más de 10 kilómetros de parques y sendas ciclistas, representó una inversión inicial de 6 000 millones de euros. Sin los 400 millones adicionales, el costo total del proyecto se mantendría bajo presión, poniendo en duda la sostenibilidad financiera y la seguridad de los ciudadanos.
Ante este escenario, expertos y autoridades llaman a una revisión urgente del plan de mantenimiento y a la asignación inmediata de recursos para evitar que la infraestructura se convierta en un peligro latente para la capital española.
Fuente: Xataka