El programa estatal de reemplacamiento vehicular, impulsado por la Secretaría de Movilidad de Veracruz, enfrenta un serio retroceso debido a los adeudos acumulados por los concesionarios de taxis. Según datos oficiales, algunas unidades deben entre cuatro y seis años de pagos pendientes por el Derecho de Control Vehicular (DCV), lo que eleva la deuda hasta 25 mil pesos por vehículo. Estas obligaciones impiden que los propietarios regularicen sus fichas y cumplan con los requisitos del nuevo esquema, que exige estar al corriente de todos los gravámenes antes de obtener la placa nueva.
El reemplacamiento, que busca modernizar la flota y garantizar la seguridad vial, está estructurado en fases. En la primera etapa se priorizará a los autobuses y transporte público, mientras que los taxis serán incorporados en una segunda fase, siempre y cuando sus dueños regularicen sus adeudos. La autoridad ha señalado que el proceso no puede avanzar sin que los concesionarios paguen los saldos atrasados, ya que el DCV es una condición indispensable para la emisión de la nueva placa.
Los propietarios de taxis denuncian que la falta de recursos y la falta de información clara han contribuido al aumento de la morosidad. Muchos afirman que los pagos del DCV se incrementaron de forma abrupta en los últimos años, sin que se les ofrecieran planes de pago flexibles. Como resultado, varios concesionarios han acumulado deudas que superan los 20 mil pesos, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a la normativa vigente.
Ante esta coyuntura, la Secretaría de Movilidad ha anunciado la creación de un programa de regularización que incluirá facilidades de pago y descuentos por pronto cumplimiento. Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían ser insuficientes si no se acompañan de una campaña de sensibilización y de la simplificación de los trámites. Además, exigen mayor transparencia en la asignación de recursos y una revisión de los montos del DCV para evitar que se repitan situaciones similares.
El retraso en el reemplacamiento de los taxis tiene repercusiones más allá de la burocracia. Los usuarios podrían seguir circulando con unidades antiguas y menos seguras, lo que afecta la percepción de calidad del servicio de transporte público en el estado. Asimismo, la falta de renovación de la flota dificulta la implementación de tecnologías más limpias y eficientes, un objetivo clave del gobierno estatal.
En conclusión, los adeudos de hasta 25 mil pesos representan un obstáculo significativo para la culminación del programa de reemplacamiento en Veracruz. La solución pasa por combinar facilidades de pago, campañas informativas y una revisión estructural del DCV, de modo que los concesionarios puedan cumplir con la normativa y contribuir a una movilidad más segura y moderna.
Fuente: Diario de Xalapa