Isidro Mendoza Jiménez, originario de Oaxaca, llegó a la Ciudad de México después de ser deportado de EE. UU. en abril de 2024. Había vivido casi cuatro décadas en Estados Unidos, donde nacieron sus seis hijos, pero ingresó al país de forma irregular en 1989. Desesperado por regularizar su estatus, pagó US$19,000 a Alexandra Lozano Kennedy, quien se promocionaba en redes como la “abogada de los milagros” que podía arreglar casos imposibles sin salir del país. Mendoza nunca la vio en persona; solo interactuó con el personal de su bufete, que le prometía una visa T o un beneficio bajo la Ley VAWA.
Lozano, con melena rubia y vestimenta que incluía símbolos religiosos como el Sagrado Corazón y la Virgen de Guadalupe, utilizaba la fe de la comunidad latina para atraer clientes vulnerables. Sus anuncios en Facebook aseguraban que había regularizado a terroristas y criminales, y que cualquier inmigrante podía obtener residencia legal mediante sus servicios. En octubre de 2023, Mendoza envió su expediente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y, diez días después, fue arrestado por ICE al regresar de su trabajo nocturno. Tras pasar por el centro de detención de Tacoma, fue deportado a México el 1 de abril.
El caso de Mendoza es uno de los 34 demandantes que han presentado una demanda colectiva en Seattle contra Lozano. Las acusaciones señalan que el bufete La Luz del Camino PLLC presentaba peticiones con declaraciones falsas o exageradas, copiaba firmas de clientes y delegaba el trabajo a empleados sin licencia, incluso a abogados en México y Colombia que hacían creer a los migrantes que estaban en EE. UU. Con cinco oficinas principales y presencia en 13 estados, la firma llegó a contar con 750 empleados en 2024, lo que los expertos describen como una operación a escala industrial.
Expertos advierten que el escándalo refleja un aumento de fraudes en servicios legales migratorios. Desde la pandemia, la Comisión Federal de Comercio ha recibido más de mil denuncias anuales por estafas de inmigración, y el número de quejas contra personas que se hacen pasar por abogados ha crecido de forma constante. La presión migratoria de la administración Trump, reinstaurada en 2025, ha intensificado la vulnerabilidad de la comunidad, creando un caldo de cultivo para estafadores que prometen soluciones rápidas.
Además del daño económico, el caso podría afectar a víctimas legítimas que dependen de los programas VAWA y visa T. Las reformas de la era Trump endurecieron los requisitos, y la sospecha de fraude masivo podría retrasar o negar beneficios a quienes realmente califican. Las organizaciones de derechos migratorios temen que la confianza en los abogados se erosione, dejando a los inmigrantes más cínicos y menos dispuestos a buscar ayuda legal.
Para evitar caer en estas trampas, los especialistas recomiendan verificar la licencia del abogado en el colegio correspondiente, solicitar segundas opiniones y desconfiar de promesas de resultados garantizados. La experiencia de Mendoza y de otras víctimas como Marta, quien pagó US$14,000 a un supuesto abogado que resultó ser un notario sin autorización, ilustra la necesidad de una mayor vigilancia y educación en la comunidad migrante.
Fuente: Bbc