Una gobernanta con casi treinta años de servicio en un hotel de Calella, Barcelona, fue despedida disciplinariamente por sustraer seis rollos de papel higiénico industrial. El 20 de junio de 2024, las cámaras de videovigilancia captaron a la trabajadora tomando una bolsa de plástico con el material y ocultándola cerca del área de lencería antes de salir por la puerta trasera del establecimiento. Al día siguiente recibió la carta de despido y firmó una declaración en la que admitía los hechos y pedía perdón.
La empleada alegó que el robo se debió a la necesidad de limpiar el vómito que había dejado el perro de su hijo en el coche. Presentó un certificado veterinario como prueba, aunque el documento fue emitido un día después de la notificación de despido. El Juzgado de lo Social nº1 de Mataró consideró la explicación razonable y declaró el despido improcedente, ordenando al hotel readmitirla o pagarle una indemnización de 60.318,50 euros por sus casi tres décadas de trabajo.
El hotel recurrió la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña. Los magistrados revisaron nuevamente el material de videovigilancia y señalaron inconsistencias entre la grabación y la coartada de la trabajadora: no se observó ningún coche, ni rastro de vómito, ni prisa por limpiar. Además, la propia empleada había firmado un documento reconociendo el hurto sin indicar presiones externas. Con base en el artículo 54.2 d) del Estatuto de los Trabajadores, que sanciona la transgresión de la buena fe contractual, el TSJ anuló la sentencia de primera instancia.
El tribunal recordó que, según el convenio colectivo de hostelería de Cataluña, el robo o hurto constituye una falta muy grave, especialmente para una gobernanta, puesto que su cargo exige un especial celo en el cumplimiento de sus obligaciones. La falta de confianza mutua rompe el eje del contrato laboral, independientemente del valor económico del bien sustraído.
Al confirmar el despido disciplinario, el TSJ dejó sin efecto la indemnización de más de 60 mil euros que la trabajadora había obtenido inicialmente. La sentencia admite un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, por lo que el caso sigue abierto y podría revertirse en instancias superiores.
Esta polémica subraya la rigidez del derecho laboral español frente a conductas consideradas de deslealtad, y plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de los castigos frente a infracciones de bajo valor económico pero de alta simbología para la confianza empresarial.
Fuente: xataka