La Fiscalía General de la República (FGR) decidió clasificar como reservada hasta 2031 toda la documentación vinculada a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”. La medida incluye grabaciones, peritajes, entrevistas y demás pruebas que forman parte de la carpeta de investigación del piloto que, según indicios, trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos tras ser secuestrado por un hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada por EL UNIVERSAL, la FGR argumentó que divulgar esos datos implicaría un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional. La fiscalía sostuvo que la publicación de la evidencia podría comprometer la persecución de delitos, exponer líneas de investigación y debilitar la eficacia institucional.
El Comité de Transparencia de la Fiscalía, en su octava sesión ordinaria el 19 de agosto, ratificó la reserva por un periodo de cinco años o hasta que se extingan las causas que motivaron la clasificación. La decisión se sustenta en la normativa de protección de datos sensibles y en la obligación de resguardar el secreto de las investigaciones en curso, bajo apercibimiento de sanciones penales y administrativas para quien infrinja la reserva.
El caso de “El Jando” cobró relevancia a principios de julio, cuando la FGR admitió desconocer su participación en el traslado de “El Mayo”. Sin embargo, a mediados de junio se detectaron coincidencias de voz y huellas dactilares que apuntan al piloto como responsable del vuelo del 25 de julio, que llevó a los capos desde Culiacán a Nuevo México. Estas revelaciones reavivaron el interés público y periodístico, pero la autoridad mantuvo su postura de confidencialidad.
La fiscalía también señaló que la divulgación de los documentos vulneraría derechos humanos de los involucrados, al exponer pruebas y testimonios que podrían ser utilizados en su contra. Por ello, la reserva no solo protege la investigación, sino también la garantía de debido proceso y la integridad de los sujetos investigados.
Ante esta situación, expertos en derecho penal y seguridad nacional advierten que la falta de transparencia podría generar sospechas sobre la actuación del gobierno contra los cárteles. No obstante, la FGR insiste en que la medida es indispensable para evitar interferencias externas y asegurar la efectividad de las futuras acciones judiciales contra los líderes del narcotráfico.
Fuente: Eluniversal