Un portavoz del tribunal militar de los Estados Unidos anunció que el juicio de Jalid Sheij Mohamed, acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, se iniciará el 5 de junio de 2028 en la base de Guantánamo, Cuba. Mohamed lleva detenido en la famosa prisión desde 2006, después de haber sido capturado en Pakistán en marzo de 2003 mientras se desempeñaba como lugarteniente de Osama bin Laden. Su proceso judicial ha sido postergado en varias ocasiones, lo que ha generado críticas sobre la demora y la falta de claridad en los procedimientos legales.
Antes de su traslado a Guantánamo, Mohamed pasó tres años recluido en instalaciones secretas de la CIA en Polonia, donde fue interrogado y sometido a técnicas de tortura, entre ellas la simulación de ahogamiento conocida como “submarino”. Estas prácticas han sido objeto de debate internacional, pues la defensa argumenta que las confesiones obtenidas bajo coacción podrían ser anuladas, complicando la admisión de pruebas en su contra. El caso se ha visto entorpecido por la necesidad de determinar si dichos métodos violaron los derechos humanos y, por ende, invalidaron la evidencia presentada.
Mohamed, ingeniero de formación, asegura haber planeado los atentados del 11‑S “de la A a la Z” y haber participado en numerosos complots contra Estados Unidos, país donde cursó estudios universitarios. Además de los ataques que dejaron casi 3,000 muertos, él afirma haber colaborado en la explosión de 1993 contra el World Trade Center, la decapitación del periodista Daniel Pearl en 2002 y en operativos en Bali, Indonesia, entre otros treinta atentados atribuidos a Al‑Qaida. Estas confesiones, aunque impactantes, siguen bajo escrutinio por la forma en que fueron obtenidas.
El juicio también involucrará a Walid bin Attash y Mustafá al Hawsawi, dos acusados que comparten la misma situación de detención en Guantánamo y cuya causa fue suspendida el año pasado tras la retirada de un acuerdo de culpabilidad que evitaba la pena de muerte. La falta de un veredicto definitivo ha alimentado la polémica sobre la eficacia del sistema judicial militar estadounidense y su capacidad para procesar casos de terrorismo internacional.
Expertos legales señalan que la resolución del caso podría sentar precedentes importantes sobre el uso de pruebas obtenidas bajo tortura y la aplicación de la pena capital en contextos de terrorismo. Asimismo, el resultado del proceso tendrá repercusiones diplomáticas, pues varios países han demandado una revisión de los métodos de detención y juicio en Guantánamo.
Mientras tanto, las familias de las víctimas del 11‑S siguen esperando justicia definitiva. El inicio del juicio en 2028 representa, para muchos, una oportunidad de cerrar una de las heridas más profundas de la historia reciente, aunque el camino legal aún presenta obstáculos significativos que podrían retrasar aún más la resolución final.
Fuente: Dw