El exmandatario Donald Trump sorprendió a sus seguidores durante la convención republicana al anunciar que entregaría $5,000 a cada adulto estadounidense si su partido gana las elecciones de mitad de mandato en noviembre. La promesa, que generó vítores en la audiencia, ha sido catalogada por los demócratas como una “promesa vacía” y ha despertado dudas sobre su legalidad y factibilidad financiera.
Según la legislación federal, está prohibido ofrecer pagos a cambio de votos, lo que podría considerar la oferta como un soborno electoral. Sin embargo, expertos en derecho, como la profesora Joan Mahoney de la Universidad de Southampton, sostienen que la propuesta se asemeja a una promesa de reducción de impuestos, práctica común en campañas y, por tanto, legal. Mahoney puntualiza que, al dirigirse a toda la población sin distinción de voto, la medida no encaja en la definición tradicional de soborno.
Otros analistas, como Laurel Rapp del centro Chatham House, advierten que la iniciativa es “muy transaccional” y difiere de las promesas habituales, lo que podría generar controversia jurídica. La cuestión central sigue sin resolverse: ¿cómo financiaría el gobierno un gasto estimado en $1.3 billones, considerando que hay cerca de 270 millones de adultos en EE. UU.? El vicepresidente JD Vance insinuó que los ingresos por aranceles podrían cubrir la medida, pero los datos oficiales muestran que los aranceles recaudados hasta ahora rondan los $475 mil millones, insuficientes para la cifra requerida.
El Congreso, que es el único órgano con autoridad para aprobar gastos de tal magnitud, tendría que autorizar la asignación, algo poco probable según la economista senior Erica York de la Tax Foundation. York calificó la propuesta como “una de las peores maneras de usar $1.3 billones”, señalando que el déficit federal ya se encuentra en niveles insostenibles y que la medida solo agravaría la situación fiscal del país.
Históricamente, Trump ya había prometido cheques de $2,000 financiados con aranceles, los cuales nunca se materializaron. Asimismo, el expresidente Joe Biden enfrentó acusaciones similares al ofrecer estímulos de $2,000 en Georgia durante las elecciones al Senado de 2021. Estas comparaciones refuerzan la percepción de que los pagos directos a ciudadanos son más una estrategia política que una política pública viable.
En el contexto electoral, la oferta parece una maniobra para reactivar la base republicana ante encuestas desfavorables. Analistas señalan que el uso del dinero como incentivo busca captar el voto en los últimos meses de campaña, aunque el riesgo de controversia legal y la imposibilidad de financiarlo hacen que la promesa sea, en la práctica, más simbólica que real.
En definitiva, mientras la propuesta de Trump sigue generando debate, la combinación de dudas legales, la imposibilidad presupuestal y la falta de claridad sobre su ejecución hacen que su viabilidad permanezca en entredicho, dejando a los votantes y legisladores con más preguntas que respuestas.
Fuente: Bbc