España ha desplegado 1.219 agentes de la Policía en 14 aeropuertos para revisar a 8.216 viajeros de terceros países que llegaron desde Italia en apenas dos semanas, duplicando la cifra registrada la semana anterior. La medida responde a la decisión unilateral de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de suspender el espacio Schengen con España después del cruento éxodo migratorio que dejó entre 50,000 y 70,000 personas en Ceuta y 72 muertos por ahogamiento. El Gobierno español, bajo el liderazgo del presidente Pedro Sánchez, activó la Orden INT/846/2026, que establece controles temporales en todos los vuelos y enlaces marítimos procedentes de Italia, afectando a aeropuertos como Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.
En una jugada inédita, Sánchez convocó al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la crisis y declaró la “situación de interés para la Seguridad Nacional” en Ceuta, creando un mando único encabezado por el ministro de Transportes, Ángel Víctor Torres, que integra al CNI y al presidente ceutí Juan Jesús Vivas. La intención es evitar que migrantes irregulares que ingresen a Ceuta se desplacen libremente por la península y el resto del espacio Schengen, aunque el propio tratado ya impone controles en esas ciudades autónomas.
La respuesta italiana ha sido mínima: solo 21 personas fueron rechazadas en sus controles, lo que evidencia una gran desproporción entre la retórica política y los resultados operativos. La Comisión Europea, por su parte, ha anunciado que estudia si los controles españoles vulneran el derecho comunitario, mientras varios países europeos, como Alemania, Suiza, Austria y Suecia, ya han comenzado a devolver solicitantes de asilo a Italia bajo la regla del “primer país de entrada”.
Los datos de Frontex indican una caída del 37 % en llegadas irregulares en el primer semestre de 2026, con la mayor reducción en la ruta del Mediterráneo occidental. Sin embargo, la presión política sigue en aumento, y la oposición italiana acusa a Meloni de usar la crisis como arma diplomática. En España, el debate se traslada al Congreso, donde siete ministros comparecerán en una semana de comparecencias para presentar medidas como la devolución de menores no acompañados y ayudas a los comercios de Ceuta.
Mientras tanto, el sector turístico, que cerró 2025 con 96,8 millones de visitantes extranjeros y apunta a superar los 100 millones en 2026, siente el impacto de los retrasos en los aeropuertos y la incertidumbre generada por la extensión de los controles hasta el 7 de septiembre. La fricción entre Madrid y Roma, sumada a las tensiones con Washington sobre bases militares, convierte este episodio migratorio en un punto de inflexión para la política de seguridad y la cohesión europea.
En resumen, la crisis migratoria en Ceuta ha desencadenado una serie de respuestas coordinadas y conflictivas que ponen a prueba la solidez del acuerdo de Schengen, la capacidad de gestión de los gobiernos involucrados y la voluntad de la Unión Europea para mantener un equilibrio entre seguridad y libre circulación.
Fuente: xataka