La Xunta de Galicia ha presentado un anteproyecto de ley que pretende reforzar la prevención contra incendios forestales, una medida que llega en medio del peor año registrado en la historia reciente del territorio. El texto, que fue remitido al Consello Forestal el 22 de septiembre y se espera que llegue al Parlamento en octubre, amplía la temporada de alto riesgo en un mes, del 16 de junio al 15 de octubre, y mantiene la zona de seguridad de 50 metros alrededor de núcleos y viviendas, con la posibilidad de ampliarla a 100 metros en áreas catalogadas como de situación 2 y a 200 metros en zonas estratégicas.
Una de las novedades más controvertidas es el artículo 39.3, que permite a propietarios de fincas urbanas desbrozar la zona de 50 metros que corresponde a la finca vecina cuando el titular ha incumplido durante dos años consecutivos o la biomasa supera los 50 centímetros de altura media. La intervención requiere previo aviso al concello, que debe localizar y sancionar al responsable, pero no autoriza la tala de árboles, que sigue siendo competencia del dueño original. La Asociación Forestal de Galicia ha manifestado su rechazo a estas medidas, argumentando que pueden generar conflictos de propiedad.
El anteproyecto también aumenta las distancias obligatorias de seguridad: 20 metros junto a autopistas, 10 metros al lado de carreteras y tendidos eléctricos, y 5 metros alrededor de gasoductos. Se prohíben especies como eucaliptos, pinos y acacias, salvo excepciones ornamentales, y se establecen multas que van de 100 a 1 000 euros para infracciones leves y de 1 001 a 100 000 euros en casos graves, especialmente en zonas estratégicas.
El contexto que impulsa esta legislación es alarmante. Hasta el 24 de septiembre de 2026, el Sistema Europeo de Información Forestal (EFFIS) registró 299 501 hectáreas quemadas en Galicia, el triple de la media histórica y el 44,1 % del total de la UE. Los incendios de agosto, como Niebla en Huelva y Los Gallardos en Almería, dejaron 13 víctimas y obligaron a evacuar a más de 90 000 personas, subrayando la necesidad de medidas preventivas más estrictas.
Sin embargo, la aplicación práctica de la norma enfrenta varios retos. Galicia cuenta con 11 millones de parcelas rústicas y un 30 % de ellas están mal identificadas en el Catastro, lo que complica la determinación exacta de los lindes. Además, el 8 % de las parcelas no tiene propietario conocido y en algunas áreas rurales el porcentaje llega al 30‑40 %. Estas incertidumbres hacen que la facultad de entrar a la finca ajena pueda generar disputas legales y costosas expropiaciones.
A pesar de las críticas, la medida busca crear un “anillo antiincendios” que reduzca la biomasa combustible alrededor de viviendas y carreteras. Estudios internacionales, como los realizados por la Universidad de California en Berkeley, demuestran que una zona libre de vegetación de al menos 1,5 metros puede incrementar significativamente la supervivencia de las estructuras frente a brasas transportadas por el viento. La nueva ley, aunque polémica, pretende traducir esa evidencia en acción concreta para proteger a la población gallega de futuros desastres.
Fuente: xataka