Una juez de control dictó sentencia de seis años y ocho meses de prisión contra María Guadalupe “N”, docente del jardín de niños público “Juan Enrique Pestalozzi” en León, Guanajuato, por el delito de abusos sexuales agravados contra varios alumnos de preescolar. La condena se emitió luego de que la maestra aceptara su responsabilidad en un procedimiento abreviado, lo que agilizó el proceso judicial y evitó un juicio oral prolongado.
Los hechos se remontan a 2025, cuando un grupo de madres de familia presentó denuncias ante la Fiscalía del Estado, señalando que la docente utilizaba una supuesta dinámica llamada “juego del pato” para tocar a los niños y niñas de manera indecente, así como para imponer castigos físicos y psicológicos. Según los testimonios, la profesora golpeaba a los menores en la cabeza, los humillaba por su apariencia y los sometía a situaciones de bullying sexual.
Tras la denuncia, la Fiscalía de Guanajuato actuó rápidamente: el 10 de julio del mismo año se emitió la orden de aprehensión contra María Guadalupe “N” y se la vinculó al proceso penal. Desde su captura, la docente permanece recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de León, mientras se llevan a cabo las diligencias de investigación y se recaban pruebas que sustentan la acusación.
Paralelamente, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) tomó la decisión de separar a la maestra de su puesto, remitiendo el caso al órgano disciplinario correspondiente. La autoridad educativa también ordenó la inhabilitación de la docente para ejercer cualquier cargo docente durante el tiempo que dure su condena, con el objetivo de proteger a la niñez del estado.
La sentencia incluye, además del término de privación de libertad, la destitución definitiva del cargo y la prohibición de volver a desempeñar funciones en instituciones educativas públicas o privadas. La medida busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia del sistema judicial y educativo frente a la violencia sexual contra menores.
Este caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en las escuelas y la necesidad de fortalecer los protocolos de detección y prevención de abusos. Organizaciones de derechos infantiles exigen mayor capacitación para el personal docente y una revisión exhaustiva de los mecanismos de denuncia, con el fin de garantizar entornos seguros para todos los niños y niñas del país.
Fuente: Eluniversal