El hotel El Algarrobico, una colosal estructura de veinte plantas y 411 habitaciones, lleva más de dos décadas inmóvil en la playa más virgen del Mediterráneo, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Construido entre 2003 y 2006, el edificio nunca ha recibido un solo huésped; su única compañía son las ratas y la corrosión del sol. Desde el momento en que la promotora Azata del Sol empezó a levantar el hormigón sobre dunas protegidas, la polémica quedó marcada por la ilegalidad y la negligencia administrativa.
La licencia de obras fue concedida por el Ayuntamiento de Carboneras bajo el gobierno del PSOE, a pesar de que el terreno estaba catalogado como no urbanizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Cabo de Gata. La Fiscalía más tarde declaró nula esa autorización al no haberse seguido el procedimiento de reclasificación ante el Consejo de Gobierno andaluz y sin publicación oficial en el BOJA. Sin embargo, la constructora siguió adelante, erigiendo lo que hoy se conoce como el “trasatlántico encallado” sobre una zona Ramsar y Red Natura 2000.
Las protestas surgieron rápidamente. En 2005, activistas de Greenpeace pintaron la fachada con la palabra “ILEGAL” y, al año siguiente, un juzgado de Almería ordenó paralizar las obras. Desde entonces, el caso ha alimentado una de las batallas judiciales más prolongadas de España: sentencias del Tribunal Supremo y del TSJA han confirmado que el hotel se edificó en suelo protegido y que, en principio, debe demolerse. No obstante, la anulación de la licencia municipal –último obstáculo para el derribo –se mantuvo pendiente durante años.
En 2025, el Gobierno central declaró de utilidad pública los terrenos ocupados, iniciando el proceso de expropiación bajo la Ley de Costas. Azata del Sol reclamó 44,5 millones de euros, cifra que chocó con la oferta gubernamental de 16.496 euros, que solo cubría el valor del suelo. La disputa pasó a un jurado provincial de expropiación, que deberá fijar un precio justo en los próximos meses.
El punto de inflexión llegó el 7 de julio de 2026, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Carboneras aprobó, en segunda votación, la anulación definitiva de la licencia de 2003. Con esa decisión, desapareció el último impedimento legal y se reactivó la exigencia de Greenpeace para iniciar el proceso de demolición. La empresa pública Tragsa había estimado en 2012 un costo total de 7,1 millones de euros para derribar el edificio y restaurar el entorno, cifra que hoy podría haber aumentado hasta un 50%.
Mientras tanto, propuestas alternativas como el desmantelamiento selectivo de n’UNDO, que promete reciclar el 98% de los materiales y generar empleo local, siguen sin ser adoptadas por ninguna autoridad. El Algarrobico se ha convertido en un símbolo palpable de cómo, en el apogeo inmobiliario, el cemento puede sobrepasar la ley y transformar un área natural protegida en un paisaje de ilegalidad que persiste más allá de los tribunales.
Fuente: xataka