Veracruz registra más de siete mil casos de desaparición forzada desde 2010, según datos recopilados por organizaciones de la sociedad civil. Los familiares de los desaparecidos aseguran que la cifra real podría ser mayor, pues los reportes se actualizan diariamente y no existe un registro oficial único. La falta de una base de datos consolidada dificulta la labor de búsqueda y genera incertidumbre en las comunidades afectadas. En el Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto, la presión sobre autoridades locales y federales se intensifica.
Los colectivos de familiares, encabezados por la Alianza Nacional de Familiares de Personas Desaparecidas, organizaron una marcha en Xalapa exigiendo recursos inmediatos para la localización de los desaparecidos. Entre sus demandas están la ampliación de equipos forenses, la creación de una base de datos nacional y la asignación de mayor presupuesto a la Fiscalía General del Estado. Los manifestantes también pidieron la implementación de protocolos claros que garanticen la atención rápida a denuncias de desaparición.
Autoridades estatales reconocen la gravedad del problema, pero señalan limitaciones presupuestarias y operativas. El gobernador de Veracruz, en una rueda de prensa, anunció la apertura de una nueva unidad especializada en casos de desaparición forzada, aunque sin detallar su capacidad ni cronograma. Por su parte, la Fiscalía estatal indicó que ha incrementado el número de investigadores, pero que la falta de coordinación con otras entidades sigue siendo un obstáculo.
Expertos en derechos humanos advierten que la falta de datos precisos alimenta la impunidad y perpetúa la violencia. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, Veracruz se ubica entre los estados con mayor número de casos sin resolver en el país. La ausencia de una cifra oficial también dificulta la comparación con otras regiones y la evaluación de políticas públicas.
Mientras tanto, las familias continúan con la búsqueda diaria, organizando rondas de inspección, revisando archivos de hospitales y solicitando la colaboración de la comunidad. Algunas han recurrido a la justicia internacional, presentando denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la esperanza de presionar al gobierno mexicano.
El Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada se convierte, así, en un recordatorio de la urgencia de respuestas concretas. La presión social y la cobertura mediática podrían ser decisivas para que Veracruz implemente medidas efectivas y garantice el derecho a la verdad y a la justicia para miles de familias que aún esperan respuestas.
Fuente: Diario de Xalapa