Los cárteles de México están ampliando su espectro criminal más allá del narcotráfico tradicional, incursionando en sectores rurales y formales para generar nuevas fuentes de lucro. Esta estrategia, que combina extorsión, cobro de cuotas y control de cadenas productivas, ha tocado a agricultores, pescadores y mineros, obligándolos a pagar por la seguridad o la “licencia” de operar. El fenómeno se ha intensificado en los últimos años, cuando la presión de la política antidrogas y la competencia entre organizaciones forzó a buscar alternativas menos visibles pero igualmente rentables.\n\nEn el sector agroalimentario, los grupos criminales imponen tributos a productores de aguacate, limón y tomate, lo que se traduce en un aumento de los precios al consumidor final.
Las extorsiones se hacen pasar por “cuotas de protección” y, de no pagarse, los agricultores enfrentan sabotajes, robo de cosechas o violencia directa. Este control sobre la cadena de suministro permite a los cárteles influir en mercados nacionales e internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde la demanda de aguacate es alta.\n\nLa tala ilegal es otro negocio que ha encontrado cauce en la zona rural. Los narcos adquieren terrenos forestales para convertirlos en plantíos o para extraer madera de alto valor, vendiendo el producto a mercados tanto locales como extranjeros.
La deforestación resultante afecta la biodiversidad y acelera la erosión del suelo, generando un daño ambiental que se suma al impacto social.\n\nEn la costa del Pacífico, la pesca se ha convertido en un objetivo estratégico para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A través de alianzas con grupos locales, como Los Lobos en Ecuador, el cártel extorsiona a pescadores y los incorpora al tráfico marítimo de drogas y a la captura irregular de especies. La presión sobre los pescadores no solo reduce sus ingresos legítimos, sino que también alimenta la oferta de productos delictivos en el mercado negro.\n\nLa minería ilegal, particularmente la extracción de mercurio, ha sido otro foco de atención.
En estados como Querétaro, el CJNG ha establecido redes que extraen el metal y lo exportan a países de la región amazónica, donde se utiliza para la minería informal y la fabricación de armas. Esta actividad no solo genera ganancias millonarias, sino que también contamina ríos y suelos, poniendo en riesgo la salud de comunidades cercanas.\n\nEl patrón común en todas estas actividades es la capacidad del CJNG para establecer conexiones con organizaciones criminales transnacionales, creando una red de suministro que trasciende fronteras. La infiltración en la economía rural debilita la confianza en las instituciones y dificulta la labor de autoridades locales, que a menudo carecen de recursos para combatir estos delitos complejos.\n\nAnte este escenario, expertos advierten que la diversificación del narco obliga a replantear las políticas de seguridad y desarrollo rural.
Se requiere una respuesta integral que combine vigilancia, apoyo a productores y comunidades, y una mayor coordinación internacional para cortar los canales de financiamiento del crimen organizado.
Fuente: RT Español