El trasvase Tajo‑Segura cerró el ejercicio hidrológico 2025/26 con 522 hectómetros cúbicos enviados al sureste, el cuarto mayor volumen desde su puesta en marcha en 1979. El dato, anunciado por el consejero de Agua de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, fue calificado como “histórico” y sólo superado por los años 1998‑99, 1999‑00 y 2000‑01. Sin embargo, la celebración se encontró con la protesta del concejal de Medio Ambiente, Río Tajo y Deportes de Toledo, Rubén Lozano, quien denunció que el río sigue sin cumplir los caudales ecológicos mínimos en su paso por la ciudad.
El plan de cuenca de enero de 2023 introdujo caudales ecológicos crecientes en el Tajo, obligando a recortar los envíos hacia Alicante, Murcia y Almería. El presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia lo describió como “el mayor ataque político contra la región en décadas”. Según el Plan Hidrológico del Segura, para 2027 la merma podría alcanzar los 105 hm³ anuales, sumados a una pérdida de 213 hm³ de aguas subterráneas, lo que obliga a considerar la desalación como una solución parcial.
A nivel jurídico, el Tribunal Supremo, el 13 de mayo de 2026, desestimó el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto (SCRATS) contra el Plan Hidrológico del Tajo (RD 35/2023), confirmando los caudales ecológicos progresivos. La sentencia también aclaró que los 6 m³/s fijados en Aranjuez en 2014 son un mínimo, no un máximo, y que los usuarios del trasvase solo pueden usar aguas excedentarias, nunca garantizadas por ley.
Mientras tanto, la infraestructura del acueducto, que recorre 286 km desde Bolarque (Guadalajara) hasta Talave (Albacete), nunca ha alcanzado la capacidad prevista de 600 hm³ anuales. La media real se sitúa muy por debajo, lo que evidencia la brecha entre la planificación original y la disponibilidad real de agua, agravada por la sequía y los nuevos requisitos ecológicos.
Las desaladoras, presentadas como plan B, tampoco llegan a tiempo. La planta de Torrevieja, que debería producir 120 hm³ al año tras su ampliación, sigue sin estar operativa y su puesta en marcha se ha postergado a principios de 2027, con sobrecostos que superan los 8,7 millones de euros. Otras dos desaladoras previstas en Águilas y Torrevieja no se licitarán hasta finales de 2026 o 2027, y su entrada en funcionamiento podría retrasarse hasta 2031.
En síntesis, aunque el trasvase haya registrado un año récord, la combinación de caudales ecológicos más estrictos, retrasos en la desalación y la presión de los tribunales sugiere que la disponibilidad de agua del Tajo para Castilla‑La Mancha y el sureste español podría disminuir de forma irreversible en los próximos años.
Fuente: xataka