Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y militante de Morena, presentó su renuncia el sábado en la tarde, poniendo fin a un regreso al Palacio de Gobierno que duró apenas un día y medio. La decisión se produce después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara, junto a nueve funcionarios de su administración, de conspirar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas a cambio de sobornos. La presión política se intensificó cuando la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y varios dirigentes del partido expresaron su desaprobación pública.
En una carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso local, Rocha solicitó una “licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días” del cargo. La misiva, publicada en sus redes sociales, incluyó la frase “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”, en clara referencia a la crítica velada de Sheinbaum, quien había señalado que “el poder sin principios se vuelve arrogancia”. Con la renuncia, el gobernador parece haber cedido ante la exigencia de unidad y principios que el liderazgo nacional de Morena está demandando.
El contexto de la polémica se remonta a tres meses de ausencia del mandatario, cuando abandonó temporalmente el cargo para enfrentar las acusaciones del DOJ. Durante ese periodo, la presión internacional y los señalamitos de corrupción generaron incertidumbre en la administración estatal. La inesperada vuelta de Rocha el viernes provocó una oleada de críticas entre legisladores, gobernadores y cuadros del partido, que calificaron su regreso como una maniobra irresponsable ante la gravedad de los cargos.
Las acusaciones estadounidenses afirman que Rocha y varios de sus colaboradores conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para exportar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, a cambio de pagos ilícitos. Estas denuncias, que también involucran a exfuncionarios del gobierno estatal, podrían derivar en procesos penales y sanciones económicas tanto para los implicados como para la entidad federativa.
A nivel nacional, la renuncia de Rocha Moya representa un golpe para Morena, que busca consolidar su imagen de gobierno sin corrupción. La presidenta Sheinbaum ha reiterado su compromiso de no tolerar a funcionarios que pongan en riesgo la integridad institucional, lo que podría traducirse en una revisión interna de candidaturas y cargos en varios estados.
En Sinaloa, la salida del gobernador abre la puerta a un proceso de transición que deberá definir quién asumirá la administración de forma interina y cuándo se convocará a una nueva elección. La ciudadanía, agotada por la violencia y la inseguridad, observa con cautela los próximos pasos del partido y del gobierno federal, mientras la investigación estadounidense avanza.
Fuente: elpais.com