En España no existe una ley estatal que regule de forma uniforme el uso de smartphones en las aulas; la competencia recae en las comunidades autónomas, que han adoptado normativas dispares para el nuevo curso 2026‑27. Mientras algunas regiones prohíben totalmente el dispositivo en todos los niveles, otras permiten su uso bajo criterios pedagógicos o en situaciones excepcionales. Esta fragmentación obliga a padres, alumnos y docentes a conocer la normativa local para evitar sanciones y garantizar el desarrollo de la actividad académica.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en 2024, presentó una propuesta de “consenso de mínimos” que sugiere la prohibición total del móvil en Educación Infantil y Primaria, salvo cuando el docente lo autorice para actividades didácticas. En Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, la recomendación es limitar su uso a casos justificados, como la realización de trabajos de investigación o la participación en plataformas educativas. Sin embargo, la propuesta carece de carácter vinculante, pues la legislación nacional no puede imponer reglas de uso en las aulas.
Ante la ausencia de una normativa federal, cada comunidad autónoma ha elaborado sus propias disposiciones. En Cataluña y País Vasco, por ejemplo, el móvil está prohibido en todas las etapas educativas, salvo autorización expresa del profesorado para actividades específicas. En la Comunidad de Madrid, la regla es más flexible: se permite el uso del teléfono en Secundaria y Bachillerato siempre que el docente lo autorice y se justifique su necesidad pedagógica.
En el sur del país, Andalucía y Extremadura adoptan una postura intermedia. En Educación Infantil y Primaria, el móvil está vetado, mientras que en Secundaria se permite su uso bajo supervisión del profesor y con fines académicos claros. En Canarias, la normativa es similar, aunque se incluye la posibilidad de usar tabletas y ordenadores personales siempre que se empleen en actividades curriculares.
Algunas comunidades, como Castilla‑La Mancha y La Rioja, diferencian explícitamente entre smartphones y otros dispositivos electrónicos. En estos casos, el móvil está prohibido, pero las tabletas pueden circular libremente siempre que se utilicen para tareas escolares. Otras regiones, como Aragón y Navarra, prohíben ambos tipos de dispositivos en todos los niveles, argumentando que distraen la atención y dificultan la disciplina en el aula.
Las implicaciones de esta heterogeneidad son múltiples. Los centros educativos deben adaptar sus protocolos internos, los docentes necesitan capacitarse para gestionar el uso de dispositivos y los padres deben estar informados de las reglas locales para evitar conflictos. Además, la falta de una normativa uniforme dificulta la implementación de iniciativas tecnológicas a nivel nacional, lo que podría retrasar la integración de herramientas digitales en la enseñanza.
En conclusión, aunque el Gobierno central ha intentado establecer un marco de referencia, la regulación del móvil en las aulas sigue dependiendo de la voluntad de cada comunidad autónoma. Los próximos meses serán decisivos para observar si alguna región adopta medidas más estrictas o, por el contrario, flexibiliza sus normas para aprovechar el potencial educativo de los smartphones.
Fuente: xataka