El Gobierno de España anunció en junio una inversión de 1.000 millones de euros para el mantenimiento y mejora de 3.670 kilómetros de carretera, distribuidos en 29 lotes. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, buscaba reforzar la seguridad vial y financiar estudios técnicos en 20 provincias de diez comunidades autónomas. Sin embargo, el ambicioso programa se ha detenido tras una serie de recursos legales presentados por la patronal de la construcción, Acex, y varios sindicatos.
Acex argumentó que el nuevo proceso de contratación equivale a una subasta encubierta, donde el precio sería el único criterio de adjudicación. La organización interpuso un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), señalando irregularidades en los pliegos. Otros sindicatos y empresas también presentaron recursos contra lotes específicos, alegando falta de garantías para los trabajadores que pasarán a la gestión estatal de autopistas de peaje.
El TACRC, tras analizar los recursos, suspendió el procedimiento de licitación, aunque permitió que las ofertas presentadas quedaran archivadas para una posible reactivación. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes decidió abandonar el proyecto, dejando en el aire los 1.006 millones de euros (sin IVA) destinados al plan. La paralización genera incertidumbre sobre la ejecución de las obras previstas y sobre la capacidad del Estado para asumir la gestión de otros 1.000 kilómetros de carreteras en 2027, cuando se liberen varios tramos de peaje.
La suspensión afecta directamente a los 29 lotes, que incluyen desde la sustitución de barreras de seguridad hasta la realización de estudios de tráfico. La falta de inversión se vuelve crítica cuando se consideran los daños causados por las lluvias torrenciales de febrero, que provocaron socavones y deslizamientos de tierra en varias vías. Además, contratos de mantenimiento de autopistas históricas, como la AP‑68, expiran a fin de año y requerían una adjudicación inmediata para garantizar la continuidad del servicio bajo control estatal.
Como solución provisional, el Ministerio puede activar un “contrato de emergencia” para atender las obras más urgentes o prorrogar los contratos vigentes al menos seis meses. Ambas opciones buscan evitar un deterioro mayor de la infraestructura mientras se resuelve el conflicto judicial.
El déficit de inversión en carreteras españolas supera los 13.000 millones de euros, según la Asociación Española de la Carretera (AEC). Acex estima que se requieren 5.000 millones anuales para cubrir las necesidades de conservación. La paralización del plan de mil millones evidencia la complejidad de conciliar intereses empresariales, sindicales y la urgencia de mantener la red vial en condiciones seguras para los usuarios.
Fuente: xataka