En el suroeste de la Comunidad de Madrid yace una obra inacabada que se ha convertido en símbolo de la mala gestión pública. El proyecto ferroviario que debía conectar Móstoles con Navalcarnero lleva más de dos décadas sin haber transportado a un solo viajero, pese a haber consumido 162 millones de euros de fondos públicos. Hoy quedan ocho kilómetros de vías, túneles y estaciones a medio construir, una ruina modernista que recuerda a los fantasmas de obras abortadas.
La iniciativa nació en 2004 bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, cuando la Comunidad de Madrid lanzó una licitación para ampliar la línea C‑5 de Cercanías. La empresa Ciempozuelos, filial del grupo OHL, ganó el contrato con la promesa de invertir 360 millones de euros en una concesión de 40 años. El plan contemplaba 15 kilómetros de trazado y siete nuevas estaciones, una expansión que parecía viable en un momento de crecimiento demográfico del área.
Sin embargo, la crisis financiera de 2008 detuvo el impulso. En 2010, OHL paralizó unilateralmente las obras tras ejecutar apenas ocho kilómetros y gastar cerca de 140 millones de euros. La Comunidad de Madrid inició un expediente de resolución de contrato en 2015, imponiendo una penalización de 34 millones a la constructora. OHL, a su vez, reclamó más de 369 millones por inversiones realizadas y daños, lo que desencadenó una larga batalla judicial.
El caso se complicó al descubrirse presuntos pagos ilegales de 1,4 millones de euros a Ignacio González, expresidente de la Comunidad, a través de cuentas en México, Panamá y Suiza. La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de prisión para González y para el exdirector de OHL, mientras que el proceso judicial involucró a 22 acusados, entre exconsejeros madrileños y antiguos colaboradores de Alberto Ruiz‑Gallardón.
En 2021 la justicia anuló la sanción de 34 millones y obligó a la Comunidad a devolver el dinero a OHL. Posteriormente, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso aprobó el pago total de 162,4 millones, combinando la obra ejecutada y los intereses acumulados. Desde entonces, el gobierno central y la comunidad han debatido quién debe asumir la finalización del proyecto, sin llegar a un acuerdo concreto.
A principios de 2026 el Ministerio de Transportes adjudicó un estudio de viabilidad que determinará qué tramos pueden reutilizarse y si la línea podrá reactivarse a partir de 2028. Mientras tanto, los habitantes de Navalcarnero y los municipios colindantes siguen sin acceso ferroviario, y la infraestructura abandonada sigue alimentando la desconfianza ciudadana en la gestión de obras públicas.
Fuente: xataka