La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Paprona) de la Guardia Civil detuvo este lunes una tortuga caimán (Macrochelys temminckii) que vivía en el patio de una mujer de 56 años en Almansa, Albacete. Los agentes localizaron el reptil tras una denuncia y constataron que el ejemplar, de más de 80 centímetros de caparazón y cerca de 100 kilos, no contaba con la documentación exigida por el Convenio CITES, que protege a las especies amenazadas. La tortuga, conocida por su poderosa mordida comparable a la de algunos cocodrilos, representaba un riesgo tanto para la seguridad pública como para el medio ambiente local.
La especie está incluida en el Apéndice II de CITES y en el anexo B del reglamento europeo, lo que obliga a presentar un certificado de origen legal para su tenencia o comercio. La propietaria no pudo demostrar la procedencia ni la legalidad de la compra, por lo que los agentes incautaron el animal y abrieron un procedimiento penal por delito contra la flora y fauna. La pena prevista oscila entre seis meses y dos años de prisión, multa de ocho a veinticuatro meses y la inhabilitación para obtener licencias de caza o pesca durante dos a cuatro años.
Además del proceso penal, se le imputan infracciones administrativas por contrabando, bienestar animal y tenencia de especies potencialmente peligrosas. La Guardia Civil trasladó la tortuga a un centro especializado mientras se determina su destino final, que probablemente será un recinto de recuperación de fauna silvestre. La intervención subraya la importancia de la normativa española sobre especies exóticas invasoras, contenida en el Real Decreto 630/2013, actualizado en 2025 para incluir nuevas tortugas acuáticas.
El riesgo de que un ejemplar fértil se escape es considerable: sin depredadores naturales, la tortuga podría colonizar ríos o embalses españoles, compitiendo con la fauna autóctona por alimento y espacio. Casos similares se han registrado en la región, como la captura de un caimán yacaré de casi un metro en el pantano de Almansa en 2025, cuyo responsable fue detenido y el animal enviado al zoo de Madrid.
Este episodio forma parte de un problema mayor de tráfico de fauna exótica en España. En junio de 2026, la Guardia Civil desarticuló en Sevilla una red que comercializaba varanos, ranas, caimanes e iguanas, confiscando 256 ejemplares. Operaciones nacionales del SEPRONA y la iniciativa internacional Thunder 2025 han revelado la magnitud del negocio, que mueve miles de millones de euros y amenaza la biodiversidad global.
Las autoridades recuerdan que cualquier avistamiento de animales silvestres fuera de su hábitat debe ser denunciado al teléfono de emergencias del SEPRONA, 062, disponible las 24 horas del día.
Fuente: xataka