En los últimos dieciséis años Veracruz ha registrado más de siete mil casos de desaparición, una cifra que supera a la de varios estados del país y que ha encendido la alarma entre organizaciones de la sociedad civil. Los colectivos de derechos humanos y familiares de los desaparecidos señalan que la respuesta institucional ha sido insuficiente, con investigaciones que se diluyen en el tiempo y recursos escasos para la localización de los afectados. Ante esta situación, los grupos demandan la creación de una unidad especializada estatal que cuente con personal capacitado, tecnología forense y fondos garantizados para operar sin depender de asignaciones puntuales.
Los familiares, que han organizado marchas y foros en la capital del estado, relatan el sufrimiento de vivir con la incertidumbre de no saber el paradero de sus seres queridos. “Cada día es una tortura psicológica; necesitamos respuestas concretas, no promesas vacías”, declaró María González, madre de un joven desaparecido en 2015. Además, denuncian que la falta de coordinación entre autoridades estatales y federales dificulta la recopilación de datos y la ejecución de operativos de búsqueda, lo que perpetúa la impunidad.
El gobierno estatal, por su parte, reconoce la gravedad del problema y ha anunciado la puesta en marcha de un programa piloto de rastreo de desaparecidos, que incluye la implementación de bases de datos integradas y la capacitación de policías en técnicas de investigación de personas desaparecidas. Sin embargo, los colectivos consideran que estas medidas son tardías y que el programa necesita una ampliación inmediata para cubrir todo el territorio veracruzano, especialmente en zonas rurales donde la violencia y la inseguridad son más intensas.
Expertos en criminología señalan que la alta incidencia de desapariciones en Veracruz está vinculada a la combinación de crimen organizado, violencia doméstica y falta de acceso a la justicia. La carencia de recursos forenses, como laboratorios de ADN y equipos de rastreo, limita la capacidad de las autoridades para identificar restos humanos y cerrar casos. Asimismo, la escasa participación de la sociedad civil en la elaboración de políticas públicas ha generado desconfianza y una brecha entre la población y el gobierno.
En respuesta a las exigencias, la diputada local Ana Martínez presentó ante la Comisión de Seguridad una iniciativa de ley que propone la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas, con la obligación de actualizarlo cada 48 horas y de compartir la información con organismos internacionales. La iniciativa también contempla sanciones para funcionarios que obstaculicen las investigaciones o manipulen datos.
Mientras se discuten estas propuestas, los colectivos continúan organizando jornadas de búsqueda, utilizando perros entrenados, drones y redes sociales para difundir información. La presión social ha logrado que algunos casos se reabran y que se localicen restos, pero la mayoría de los familiares siguen esperando una respuesta definitiva. La comunidad internacional ha llamado la atención sobre la crisis de desapariciones en Veracruz, instando a México a cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La situación de los desaparecidos en Veracruz se mantiene como uno de los retos más críticos en materia de derechos humanos en México. La combinación de demandas ciudadanas, propuestas legislativas y la necesidad de fortalecer la capacidad operativa de las autoridades define el futuro de la lucha contra la impunidad. Solo con una respuesta integral y coordinada se podrá romper el ciclo de silencio que ha marcado a miles de familias durante más de una década.
Fuente: Diario de Xalapa