La iniciativa de la Ley de Movilidad de Veracruz, aprobada en 2020 con la intención de priorizar a peatones, ciclistas y grupos vulnerables, lleva cuatro años sin concretarse. A pesar de los crecientes índices de vehículos y congestión en la entidad, el proyecto legislativo se mantiene en pausa, generando críticas de organizaciones civiles y autoridades locales que demandan una respuesta urgente.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el parque vehicular de Veracruz ha aumentado un 18% en la última década, mientras que la infraestructura peatonal y ciclista sigue siendo insuficiente. La ley, que contempla la creación de ciclovías seguras, zonas de baja velocidad y la reubicación de paraderos de transporte público, busca revertir esta tendencia y reducir los accidentes de tránsito, que representan una de las principales causas de mortalidad en la región.
El principal obstáculo ha sido la falta de recursos financieros y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. El gobernador del estado ha señalado que se requiere una inversión estimada de 2,300 millones de pesos para adaptar la infraestructura existente y financiar los programas de educación vial. Sin embargo, la asignación presupuestal sigue siendo provisional y depende de la aprobación del Congreso de la Unión, lo que ha retrasado la puesta en marcha de los proyectos.
Organizaciones no gubernamentales como “Ciclistas por Veracruz” han organizado campañas de presión, realizando manifestaciones y presentando propuestas técnicas a la Secretaría de Movilidad. En sus informes destacan que la ausencia de una normativa clara dificulta la planificación urbana y desalienta la inversión privada en proyectos de movilidad sostenible.
A nivel municipal, varios ayuntamientos han adelantado obras menores, como la instalación de semáforos con temporizador para peatones y la señalización de carriles compartidos. No obstante, sin el marco legal que respalde estas acciones, la efectividad de las medidas es limitada y no se garantiza su mantenimiento a largo plazo.
Expertos en planificación urbana advierten que la postergación de la Ley de Movilidad podría agravar los problemas de congestión, contaminación y seguridad vial. Recomiendan una agenda legislativa prioritaria, la canalización de fondos federales y la creación de un comité interinstitucional que supervise la implementación de la norma.
Mientras tanto, la población de Veracruz continúa enfrentando calles saturadas y escasas opciones para desplazarse a pie o en bicicleta. La presión social y la evidencia de los riesgos asociados a la inacción hacen cada vez más imperativo que las autoridades culminen el proceso legislativo y asignen los recursos necesarios para transformar la movilidad del estado.
Fuente: Diario de Xalapa