La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha iniciado investigaciones contra más de sesenta integrantes de la Rada Suprema, el parlamento del país, según informó el Financial Times citando al jefe de una de sus unidades, Aleksandr Abakumov.
Abakumov advirtió que la magnitud del caso pone a la agencia en una posición delicada: “Si el número de diputados investigados sigue creciendo, podríamos reunir los votos necesarios para modificar la legislación que garantiza nuestra independencia”. Esta posible reforma legislativa generaría dudas sobre la capacidad de la NABU para actuar sin presiones políticas.
El escándalo se inscribe en un contexto de creciente escrutinio internacional sobre la lucha anticorrupción en Ucrania, país que ha buscado alinearse con estándares europeos tras la Revolución de la Dignidad. Organismos como la UE y el FMI han condicionado apoyos financieros a la implementación de reformas estructurales y a la erradicación de prácticas corruptas en los altos niveles del Estado.
Los parlamentarios bajo investigación provienen de varios partidos, lo que sugiere que la corrupción no está confinada a una sola facción política. Según fuentes cercanas a la NABU, los cargos incluyen malversación de fondos públicos, uso indebido de recursos estatales y tráfico de influencias para la adjudicación de contratos gubernamentales.
El presidente ucraniano ha manifestado su respaldo a la agencia, pero también ha llamado a que las investigaciones se realicen con plena observancia del debido proceso. La oposición, por su parte, acusa al gobierno de intentar silenciar a los legisladores críticos mediante acusaciones de corrupción, lo que alimenta la polarización en el Congreso.
Expertos en derecho constitucional advierten que cualquier intento de alterar la Ley de la NABU requeriría una mayoría calificada en la Rada, lo que, de concretarse, podría debilitar los mecanismos de control y abrir la puerta a nuevas prácticas ilícitas. Mientras tanto, la comunidad internacional observa de cerca los avances del caso, ya que su desenlace podría influir en la percepción de Ucrania como un socio confiable.
En los próximos días se esperan audiencias parlamentarias y posibles denuncias formales contra los legisladores investigados. La presión social y mediática crece, y la NABU se encuentra bajo el escrutinio de organizaciones de la sociedad civil que demandan transparencia y celeridad en la resolución de este megaescándalo.
Fuente: RT Español