El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) impuso una sanción de 450 euros a un abogado que, al presentar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, incluyó 48 referencias a sentencias del Tribunal Supremo y a un informe del Consejo General del Poder Judicial que, según verificó el propio juzgado, nunca existieron. Las citas fueron copiadas literalmente de respuestas generadas por ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial no especializada en el ámbito jurídico.
El letrado no realizó la verificación mínima que exige la práctica forense: cruzar los números de expediente, fechas y códigos con la base de datos pública del Cendoj, que recopila toda la jurisprudencia española. Al no hacerlo, presentó un documento con referencias falsas que el tribunal consideró una falta grave de diligencia y una “alucinación” típica de los modelos de IA actuales.
La multa, equivalente a la mitad del costo anual de una suscripción a una IA jurídica fiable, tiene carácter simbólico pero envía un mensaje claro: la responsabilidad recae en el profesional, no en la herramienta. Este caso se suma a otras sanciones internacionales, como la multa de 5,000 dólares impuesta a un abogado de Nueva York en 2023 por citar resoluciones inventadas por ChatGPT, o los castigos en Alabama y Utah por errores similares.
Estudios recientes confirman la magnitud del problema. El informe “Large Legal Fictions” de Stanford RegLab analizó 800,000 consultas verificables y encontró tasas de alucinación del 58% al 88% en modelos como GPT‑4 y Llama 2. Incluso plataformas premium como Lexis+ AI y Westlaw AI‑Assisted mostraron errores del 17% y 33% respectivamente. La investigación de la consultora Dreadnode reveló que, salvo una excepción, todos los 22 modelos evaluados cometieron al menos una referencia ficticia.
En julio de 2026, el TSXG de Galicia multó con 1,800 euros a otro abogado por 24 citas inventadas, citando la Instrucción 2/2026 del CGPJ que exige “control humano consciente y efectivo”. Solo un caso en Navarra se archivó sin sanción porque la abogada rectificó a tiempo. Estas decisiones judiciales reflejan una creciente preocupación por la falta de supervisión humana en la generación de contenido legal por IA.
Los expertos advierten que la confianza ciega en respuestas automáticas genera un sesgo de automatización, donde la rapidez se valora más que la verificación. Estudios del MIT y del Pew Research Center muestran que, aunque la IA es percibida como más completa, una parte significativa de la población está cada vez más preocupada por su influencia en decisiones críticas, incluido el ámbito jurídico.
Ante este panorama, la comunidad legal española está llamando a la implementación de protocolos de revisión obligatoria y a la adopción de herramientas con garantías de precisión. Mientras tanto, la sanción en Canarias sirve como recordatorio de que la responsabilidad última sigue siendo del abogado, quien debe validar cualquier información, sea humana o generada por IA.
Fuente: xataka